El agua como derecho fundamental y prioridad estatal El acceso al agua potable y al saneamiento básico es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia. Según el Artículo 374, el Estado tiene la obligación de garantizar el uso prioritario del agua para la vida, gestionando y regulando su uso de manera sustentable y con participación social. Sin embargo, en las áreas rurales del país persisten importantes desafíos para garantizar este derecho, especialmente en lo que respecta a la regularización de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS).
En Bolivia existen 18.975 comunidades, de las cuales solo 2.580 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAS) han sido formalizadas mediante licencias y registros otorgados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Esto representa apenas el 13% del total en 15 años de trabajo. Si se mantiene el ritmo actual, se necesitarían al menos 50 años para regularizar al 100% de las EPSAS, lo que evidencia la necesidad de adoptar estrategias más efectivas y sostenibles.
Una nueva estrategia: regularización concurrente
Ante esta situación, la AAPS ha implementado una estrategia innovadora basada en la regularización concurrente, en colaboración con los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs).Esta modalidad permite que los GAMs asuman parte del proceso de relevamiento, validación de información y formulación de solicitudes de uso y aprovechamiento de fuentes de agua, así como de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
La experiencia piloto de esta estrategia se llevó a cabo en el departamento de Chuquisaca, donde participaron 13 GAMs.Los resultados fueron alentadores:
• Se firmaron 13 convenios de concurrencia entre la AAPS y los GAMs.
• Se capacitaron 16 técnicos municipales en procesos de regularización.
• Se regularizaron 53 EPSAS mediante la emisión de Resoluciones Administrativas Regulatorias (RAR).
La experiencia piloto también incluyó el uso de plataformas informáticas como el SIIRAyS, que optimizan la gestión de datos y procesos regulatorios. Además, se fortaleció la articulación entre los niveles central y municipal del Estado, promoviendo un enfoque colaborativo que beneficia directamente a las comunidades rurales.
Nuevos desafíos y expansión
El éxito de la experiencia piloto abre la puerta a nuevos desafíos. La AAPS busca replicar esta estrategia a nivel nacional mediante la formación continua de técnicos municipales y la implementación de cursos virtuales en la plataforma de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP). Además, se plantea la posibilidad de incursionar en la regulación rural, un ámbito hasta ahora desatendido, para garantizar estándares de calidad del agua, tarifas sociales y protección de fuentes, entre otros aspectos.
La estrategia de regularización concurrente representa un paso significativo hacia la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento básico en Bolivia. Sin embargo, el desafío de escalar esta experiencia a nivel nacional y de incursionar en la regulación rural requiere un compromiso continuo por parte del Estado y la colaboración activa de todos los actores involucrados. Solo así se podrá garantizar el cumplimiento del derecho al agua como un pilar fundamental para la vida y el desarrollo sostenible del país.
