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Santa Cruz, 10 de Abril, 2025 / Entrega de Certificados de Uso y Aprovechamiento de Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos – SARH
El Gobierno del presidente Luis Arce Catacora, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la soberanía hídrica del país, mediante la entrega de Certificados de Uso y Aprovechamiento de Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos – SARH a Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario (EPSA) de los municipios de Santa Cruz y Montero.
Este importante acto fortalece la gestión pública del agua y representa un paso firme en el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la AAPS mediante la Ley N°2066 y el Decreto Supremo N° 071. Estas normativas facultan a la Institución a regular, controlar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación, conservación y protección del recurso hídrico, velando por los derechos de la madre tierra y los derechos de la población en cuanto al acceso del servicio de agua potable y saneamiento básico.
En ese contexto, el primer acto de entrega se realizó en las oficinas de la EPSA COSMOL R.L., en la ciudad de Montero, donde se otorgaron dos certificados de regularización y dos de renovación. Posteriormente, en las oficinas de la AAPS Regional Santa Cruz, se entregaron cuatro certificados SARH: a un usuario de la EPSA COSAPCO R.L., del municipio de Cotoca y tres a la Cooperativa COOPAPPI R.L.
Estos avances demuestran el trabajo articulado que impulsa el Gobierno Nacional, a través de la AAPS, junto a las EPSA del país, consolidando una gestión eficiente, transparente y responsable del agua para beneficio de las familias bolivianas, los productores y el aparato productivo nacional.
La entrega de estos certificados no solo garantiza la legalidad en el uso del recurso hídrico, también impulsa el desarrollo integral, fortalece la seguridad hídrica y protege uno de los bienes más valiosos para la vida y el desarrollo de Bolivia: el agua.
01 de abril de 2025. El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), entregó certificados de autorización de Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos (SARH) a las EPSA COSIMBO y COSEPW de los Municipios de La Guardia y Warnes del Departamento de Santa Cruz, respectivamente. Este acto se llevó a cabo en instalaciones de la AAPS en la ciudad de La Paz.
En el marco de la normativa nacional, Constitución Política del Estado, Ley 2066, D.S. 071, y en cumplimiento a sus competencias, la AAPS tiene el deber de regular y fiscalizar las actividades de utilización de recursos hídricos, asegurando el cumplimiento del derecho de acceso al agua priorizando su uso para consumo humano, seguridad alimentaria y conservación del medio ambiente, precautelando su uso sustentable y responsable.
El acto contó con la presencia de representantes de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Libertador Simón Bolívar "COSIMBO R.L.", y la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Warnes "COSEPW R.L.", quienes expresaron su entusiasmo en continuar con las labores conjuntas con la AAPS, a fin de garantizar el acceso al agua potable, saneamiento básico y proteger los recursos hídricos y medio ambiente.
Con la entrega de certificados SARH, demostramos nuestro compromiso de seguir trabajando en beneficio de la población, apoyando a nuestros agricultores y productores, promoviendo un desarrollo sustentable, velando siempre por los derechos de la madre tierra y garantizando la soberanía alimentaria.
16 AÑOS RESGUARDANDO EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN BOLIVIANA
Despublicado16 AÑOS RESGUARDANDO EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN BOLIVIANA
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), cumple 16 años de trabajo de fiscalización, control, supervisión y regulación de las EPSA (Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario) a nivel nacional.
9 de abril de 2025. Hace 16 años, Bolivia marcó un antes y un después en la historia de su gestión pública. Con la promulgación del Decreto Supremo N° 71, el Estado Plurinacional afirmó de manera soberana el control de sectores estratégicos, dejando atrás el modelo de concesiones privadas, para dar paso a un nuevo horizonte basado en la economía plural, la justicia social y la protección de los derechos fundamentales.
Se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) el 09 de abril de 2009, como garante del derecho al agua y del acceso universal a servicios dignos, seguros y sostenibles.
En estos 16 años, la AAPS ha estado al frente con el compromiso inquebrantable de fiscalizar, supervisar y regular los servicios de agua potable y saneamiento básico, con el firme propósito de proteger los derechos de la población como usuarios de los servicios, y trabajando porque cada boliviana y boliviano acceda a estos servicios de manera segura, digna y de calidad.
Durante este tiempo, la AAPS ha velado por garantizar a la población la prestación adecuada, eficiente y sostenible de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario como derecho humano al agua con acceso equitativo continuo y de calidad. Con este fin se regularizaron más de 2660 EPSA (Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario), de las cuales 91 tienen seguimiento regulatorio, lo cual nos permite asegurar un servicio de calidad y sostenibilidad, promoviendo la mejora continua de las EPSA. Este trabajo de regularización y regulación, tiene un fin que se detalla seguidamente:
- Coadyuva a la protección y conservación de las fuentes de agua para consumo humano.
- Reduce riesgos de salud pública.
- Coadyuva a la planificación de inversiones estratégicas.
- Apoya la formulación de políticas públicas.
- Asegura los derechos de los usuarios y de los operadores de servicios con equidad garantizando una vida digna.
Se otorgaron 86 ampliaciones de áreas de cobertura de servicio de agua y saneamiento, alcanzando más de 120.000 hectáreas para EPSA regularizadas a nivel nacional, autorizando 307 nuevas captaciones de fuentes de agua para consumo humano.
Asimismo, se emitieron 635 certificados SARH (Sistema de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos) de derechos y obligaciones que brindan protección jurídica para el uso y aprovechamiento de fuentes de agua para apoyo a la producción e industrialización, aspectos importantes para promover la soberanía alimentaria.
Producto de esta función, permitieron formular y ejecutar proyectos para la preservación y protección de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático programados en el PESFA (Plan Estratégico de Sostenibilidad de Fuentes de Agua) aprobados por la AAPS, que garantizaron la protección, preservación y conservación de fuentes de agua.
Por otro lado, cumpliendo con la normativa vigente, la oficina de atención al consumidor, recibió un total de 215 reclamos. Los mismos fueron atendidos en el marco de la protección de los derechos de usuarios y consumidores de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
Gracias al trabajo comprometido del equipo de personal de la AAPS, se reafirma el compromiso con el pueblo boliviano. De avanzar con transparencia, responsabilidad, porque hay la certeza de creer que el agua es un derecho universal, y con la convicción firme de que este nuevo año se lograrán grandes avances para contribuir a una gestión eficiente del agua para consumo humano, sobre todo en las comunidades rurales de nuestro país.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), es el Ente Regulador de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, estas atribuciones y competencias han sido establecidas en la Ley N° 2066 de fecha 11 de abril de 2000, y el Decreto Supremo 071 de fecha 09 de abril de 2009.
En lo referente a alcantarillado sanitario, es importante mencionar que este sistema de recolección de aguas residuales tiene finalidad transportar las aguas residuales hasta una PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). Esta infraestructura tiene la finalidad de remover los contaminantes presentes en las aguas residuales domésticas, comerciales u otros, garantizando así su adecuado tratamiento antes de su vertido en cuerpos de agua naturales.
Desde el enfoque regulatorio, la AAPS fiscaliza el funcionamiento de las PTAR en todo el territorio nacional, asegurando que el tratamiento de aguas residuales se realice de manera eficiente, minimizando el impacto ambiental y previniendo la contaminación de los recursos hídricos. Estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con el ODS 6: Agua limpia y saneamiento, que busca mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación y el aumento del tratamiento seguro de aguas residuales. Asimismo, esta labor contribuye al ODS 13: Acción por el clima y ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres, promoviendo la conservación de los cuerpos de agua y la preservación de un medio ambiente saludable y sostenible.
Para llevar a cabo estas tareas, la AAPS cuenta con normativa específica, como la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 300/2018, que aprueba la “Guía para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR”, y la RAR AAPS N° 321/2019, que establece el uso de una plataforma virtual para la recepción remota de información proporcionada por las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSA). Esta plataforma permite evaluar el desempeño de las PTAR y consolidar información en el Libro de Indicadores de Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia (disponible en:
Desde 2019 como año base, 39 EPSA que reportaban datos de 59 PTAR, al concluir el año 2023 existían 66 PTAR administradas por 43 EPSA reguladas en el país, localizadas en más de 40 Municipios del país. En términos de capacidad instalada, Bolivia cuenta con un tratamiento total de 7.572,17 litros por segundo (l/s), de los cuales 5.136,68 l/s reciben tratamiento adecuado, alcanzando un 70,83% del agua residual generada y colectada en los sistemas de alcantarillado sanitario de las EPSA con seguimiento regulatorio.
La AAPS continúa fortaleciendo su labor regulatoria mediante inspecciones presenciales y herramientas digitales, enmarcando sus acciones en políticas de prevención de la contaminación y protección de los recursos hídricos. La correcta operación de las PTAR, junto con la generación de información estratégica por parte de las EPSA, permite mejorar los sistemas de tratamiento y planificar medidas que aseguren el cumplimiento de los estándares ambientales y sanitarios, contribuyendo a la protección del medio ambiente y la salud pública.
El agua como derecho fundamental y prioridad estatal El acceso al agua potable y al saneamiento básico es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia. Según el Artículo 374, el Estado tiene la obligación de garantizar el uso prioritario del agua para la vida, gestionando y regulando su uso de manera sustentable y con participación social. Sin embargo, en las áreas rurales del país persisten importantes desafíos para garantizar este derecho, especialmente en lo que respecta a la regularización de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS).
En Bolivia existen 18.975 comunidades, de las cuales solo 2.580 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAS) han sido formalizadas mediante licencias y registros otorgados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Esto representa apenas el 13% del total en 15 años de trabajo. Si se mantiene el ritmo actual, se necesitarían al menos 50 años para regularizar al 100% de las EPSAS, lo que evidencia la necesidad de adoptar estrategias más efectivas y sostenibles.
Una nueva estrategia: regularización concurrente
Ante esta situación, la AAPS ha implementado una estrategia innovadora basada en la regularización concurrente, en colaboración con los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs).Esta modalidad permite que los GAMs asuman parte del proceso de relevamiento, validación de información y formulación de solicitudes de uso y aprovechamiento de fuentes de agua, así como de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
La experiencia piloto de esta estrategia se llevó a cabo en el departamento de Chuquisaca, donde participaron 13 GAMs.Los resultados fueron alentadores:
• Se firmaron 13 convenios de concurrencia entre la AAPS y los GAMs.
• Se capacitaron 16 técnicos municipales en procesos de regularización.
• Se regularizaron 53 EPSAS mediante la emisión de Resoluciones Administrativas Regulatorias (RAR).
La experiencia piloto también incluyó el uso de plataformas informáticas como el SIIRAyS, que optimizan la gestión de datos y procesos regulatorios. Además, se fortaleció la articulación entre los niveles central y municipal del Estado, promoviendo un enfoque colaborativo que beneficia directamente a las comunidades rurales.
Nuevos desafíos y expansión
El éxito de la experiencia piloto abre la puerta a nuevos desafíos. La AAPS busca replicar esta estrategia a nivel nacional mediante la formación continua de técnicos municipales y la implementación de cursos virtuales en la plataforma de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP). Además, se plantea la posibilidad de incursionar en la regulación rural, un ámbito hasta ahora desatendido, para garantizar estándares de calidad del agua, tarifas sociales y protección de fuentes, entre otros aspectos.
La estrategia de regularización concurrente representa un paso significativo hacia la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento básico en Bolivia. Sin embargo, el desafío de escalar esta experiencia a nivel nacional y de incursionar en la regulación rural requiere un compromiso continuo por parte del Estado y la colaboración activa de todos los actores involucrados. Solo así se podrá garantizar el cumplimiento del derecho al agua como un pilar fundamental para la vida y el desarrollo sostenible del país.
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